Impuestos > Resolución Nº 181/20 - 23/04/20

                                                    RESOLUCION Nº 181/20

QUE MODIFICA PARCIALMENTE, Y AMPLIA LA RESOLUCION N° 146/2020 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO” CON LA APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE LA MODALIDAD DEL TELETRABAJO EN EL SECTOR PÚBLICO.

                                                                                                     Asuncion, 23 de abril de 2020

Visto: La Constitución de la República del Paraguay,

La Ley N° 1626/2000 “De la Función Pública”,

La Ley N° 6524/2020 “Que declara Estado de Emergencia en todo el Territorio de la República del Paraguay ante la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a Causa del Covid-19 o Coronavirus y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras”,

La Ley N° 4.679/2012 “De Trámites Administrativos”,

La Resolución N° 146/2020 de fecha 11 de marzo de 2020 “Por la cual se aprueba el protocolo de aplicación de medidas preventivas ante el riesgo de expansión del Coronavirus (Covid-19) en los Organismos y Entidades del Estado”; y,

Considerando: Que la Constitución de la República del Paraguay, en su Art. 101 dispone que todos los funcionarios y empleados públicos están al servicio del país. Asimismo, el Art. 102 expresa cuanto sigue: “Los funcionarios y empleados públicos gozan de los derechos establecidos en esta Constitución en la sección de derechos laborales, en un régimen uniforme para las distintas carreras dentro de los límites establecidos por la ley y con resguardo de los derechos adquiridos”.

Que, la carta magna determina que los funcionarios públicos están al servicio del país y dependiendo de la carrera al cual prestan servicios, están sujetos al régimen jurídico que le son aplicables y a desarrollar las tareas inherentes a la función del Organismo o Entidad del Estado en el que prestan servicios y en la función pública se encuentran regulados por la Ley N° 1626/2000 “De la Función Pública”.

Que, la Ley N° 1626/2000 “De la Función Pública”, dispone en su artículo 96 que son atribuciones de la Secretaría de la Función Pública: “a) Formular la política de recursos humanos del sector público, tomando en consideración los requerimientos de un mejor servicio, así como de una gestión eficiente y transparente...f) Asesorar a la Administración Central, entes descentralizados, gobiernos departamentales y municipales, acerca de la política sobre recursos humanos a ser implementada;...

g) supervisar la organización y funcionamiento de los Organismos y Entidades del Estado, encargadas de los recursos humanos de la función pública... m) homologar y registrar los reglamentos internos y los contratos colectivos de condiciones de trabajo, dentro de los organismos y entidades del estado cuando ellos reúnan los requisitos de fondo y forma para su validez;

Que, el artículo 99 indica que la Secretaría de la Función Pública es el organismo central normativo en todo cuanto tenga relación con la función pública y con el desarrollo institucional, disponiendo además que las oficinas de recursos humanos o áreas similares de los Organismos y Entidades del Estado serán las unidades operativas descentralizadas.

Que, asimismo, estipula que para el logro de la eficiencia administrativa y profesionalización de los funcionarios públicos se deberán adoptar políticas y acciones en materia de organización y funcionamiento de las dependencias de los entes estales e incorporar procedimientos y métodos de trabajo con vista al uso racional de los recursos, así como tecnologías aplicables en la gestión pública (Art. 90).

Que, igualmente en el artículo 57 se establece las obligaciones del funcionario público, sin perjuicio de lo que se establezca en los Reglamentos Internos, citándose entre otras, las siguientes disposiciones: “a) realizar personalmente el trabajo a su cargo en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad que determinen las normas dictadas por la autoridad competente; b) cumplir la jornada de trabajo que establece esta ley; c)...; d) acatar las instrucciones de los superiores jerárquicos relativas al trabajo que realiza cuando ellas no sean manifiestamente contrarias a las leyes y reglamentos; e).; f) guardar el secreto profesional en los asuntos que revistan carácter reservado en virtud de la ley, del reglamento, de su propia naturaleza o por instrucciones especiales;...”.

Que, por Ley N° 6524/2020 se declara Estado de Emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o coronavirus y se establecen Medidas Administrativas, Fiscales y Financieras, disponiéndose la temporalidad de dichas medidas por el ejercicio fiscal 2020 conforme Art. 1°. Asimismo, autoriza al Poder Ejecutivo a implementar medidas excepcionales de carácter presupuestaria, fiscal y administrativa, como también la de protección del empleo, a fin de mitigar o disminuir las consecuencias de la pandemia del COVID-19 (Art. 2°).

Que, por la mencionada normativa como una de las medidas administrativas en el sector público, específicamente para la carrera administrativa, en el artículo 20 se dispone que: “Durante la vigencia de esta Ley, siempre que la naturaleza de la relación laboral existente lo permita, se establece el régimen jurídico del teletrabajo en relación de dependencia para el sector privado y en el sector público de conformidad a la reglamentación de cada Organismo o Entidad del Estado. Se entiende

por teletrabajo, a los efectos de la presente Ley, al trabajo en relación de dependencia, que consiste en el desempeño de actividades o trabajos realizados a distancia en forma total o parcial, mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en virtud a una relación de trabajo que permita su ejecución a distancia, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo”.

Que, la Secretaría de la Función Pública en virtud al Decreto N° 3442/2020 “Por el cual se dispone la Implementación de Acciones Preventivas ante el riesgo de expansión del Coronavirus -COVID 19al territorio Nacional”, en fecha 11 de marzo de 2020 emite la Resolución N° 146/2020 por el cual se Aprueba el Protocolo de aplicación de medidas preventivas ante el riesgo de expansión del Coronavirus -COVID-19 en los Organismos y Entidades del Estado, disponiéndose la adopción de acciones de prevención por parte de cada institución, entre las cuales se encuentra la prestación de servicios de manera externa.

Que, entre las acciones dispuestas en la referida resolución específicamente en el Punto 6 del Anexo se estableció las siguientes acciones: “a.-) La aplicación de esta modalidad deberá disponerse por acto administrativo de la Máxima Autoridad Institucional, de conformidad a lo comunicado por la Unidad de Gestión de Personas u equivalente de los Organismos y Entidades del Estado. b.-) Para aquellos servidores públicos que no cuenten con medios tecnológicos para realizar el trabajo a distancia, los OEE deberán proporcionar temporalmente los equipamientos necesarios, observando los procedimientos administrativos internos. c.-) Los trabajos se dispondrán vía correo electrónico o medio similar, con las instrucciones precisas para su elaboración, fecha de entrega y conclusión del trabajo. d.-) El superior jerárquico monitoreará los trabajos realizados e informará a la Unidad de Gestión de Personas o equivalente. e.-) La Unidad de Gestión de Personas o equivalente presentará un informe a la Máxima Autoridad Institucional. f.-) La variación de la modalidad no afecta la naturaleza del vínculo laboral, la categoría, la remuneración y demás condiciones laborales, debiendo la unidad de gestión de las personas o equivalente verificar el efectivo cumplimiento de la tarea asignada a distancia o por producto, remitida por el Superior Jerárquico del Área. g.-) La duración de esta modalidad será por el plazo de quince (15) días prorrogables, luego de lo cual corresponderá que el servidor público retorne al lugar de trabajo”.

Que, las medidas establecidas en el Anexo de la resolución en cuanto a la “prestación de servicios de manera externa”, las mismas poseen características y funciones afines a las dispuestas por la Ley N° 6524/2020 (Art. 20), es decir, al Régimen Laboral del Teletrabajo, diferenciándose únicamente con la denominación, por lo que corresponde modificar el termino de Prestación de Servicios de forma Externa por la de Teletrabajo y por ende ampliar las acciones que se deben realizar en los Organismos y Entidades del Estado.

Que, esta Secretaría Ejecutiva tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la Ley de la Función Pública y sus reglamentos y promover por medio de normas técnicas los objetivos de la función pública, por lo que corresponde igualmente contemplar la situación especial de los funcionarios públicos con discapacidad que desempeñan tareas en los Organismos y Entidades del estado, considerando que la Secretaría de la Función Pública es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley N° 2479/2004 “QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS”, y su modificatoria Ley N° 3585/2008.

Que, entre los principales objetivos de la Función Pública se encuentra la de garantizar la prestación de los servicios brindados por los Organismos y Entidades del Estado, velando siempre por la integridad y seguridad de los servidores públicos, debiendo arbitrar los mecanismos necesarios para salvaguardar el bienestar de los mismos, considerando la situación de Estado de Emergencia declarada en todo el territorio de la República del Paraguay ante la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a consecuencia del Coronavirus (COVID-19).

Que, al establecer el Teletrabajo en el sector público se pretende mitigar la circulación del virus en las oficinas públicas, salvaguardar la integridad y salud de los servidores públicos y de la ciudadanía en general por medio de la implementación de políticas de higiene, seguridad laboral y salubridad, sin que se vean afectados los servicios de carácter imprescindibles por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación y el trabajo a distancia, siempre y cuando la naturaleza de la relación laboral lo permita.

Que, en la Ley N° 1626/2000 “De la Función Pública” se encuentran establecidas las condiciones de tiempo, forma y lugar en que deba ser realizado el trabajo en el sector público, no obstante, ante las medidas de carácter excepcional y temporal determinadas en la Ley N° 6524/2020, resulta imperiosa la necesidad de arbitrar los mecanismos que garanticen la prestación continua de los servicios a cargo de los Organismos y Entidades del estado, siendo el Teletrabajo una herramienta viable para la consecución de dicho fin, siendo su implementación de carácter transitorio.

Que, con las medidas a ser adoptadas se busca la conciliación de la vida familiar y laboral, a favor de aquellos funcionarios públicos que deban continuar atendiendo sus responsabilidades familiares y laborales a la luz del cierre de los centros educativos del país, o que estén a cargo del cuidado de familiares.

Que, asimismo se debe velar y salvaguardar la integridad y salud de los funcionarios públicos y de la ciudadanía en general, en especial de aquellos sujetos que se encuentran en estado de vulnerabilidad como ser: adultos mayores, personas propensas a enfermedades respiratorias u otras enfermedades que impliquen riesgos, mujeres en estado de gravidez o lactancia o de Personas con Discapacidad, por el periodo establecido en la ley.

Que, la Ley N° 4679/2012 “DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS" establece en su Artículo 18 cuanto sigue: Utilización de medios electrónicos. Los trámites y actuaciones que conforman los procedimientos administrativos previstos en la presente Ley, así como los actos y medidas administrativos que en virtud de la misma se dicten o dispongan, podrán realizarse por medios electrónicos. Su validez jurídica y su valor probatorio serán idénticos a los de las actuaciones administrativas que se tramiten por medios convencionales.

Que, así mismo, por medio de la Ley N° 4017/2010 “DE VALIDEZ JURÍDICA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA, LA FIRMA DIGITAL, LOS MENSAJES DE DATOS Y EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO" y su modificatoria Ley N° 4610/2012, se reconoce la validez jurídica y se regula la utilización de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos, el expediente electrónico, disposiciones éstas que se deberán tener presentes en todas las labores realizadas por los funcionarios públicos por medio del Teletrabajo.

Que, igualmente, con estas acciones se pretende llevar adelante la organización, administración y ejecución de las políticas institucionales de cada Organismo y Entidad del Estado, garantizar la prestación efectiva de los servicios.

Que, las acciones definidas servirán de marco de actuación para las Máximas Autoridades Institucionales y funcionarios de Conducción Superior, para la optimización de la administración del talento humano a su cargo, quienes podrán adoptar además otras medidas necesarias en pos de un mejor servicio, debiendo ser acatadas por todos los servidores públicos.

Que, las medidas de acción son dictadas de carácter preventivas y temporales, las cuales deberán ser de estricto cumplimiento por parte de los Organismos y Entidades del Estado, funcionarios públicos, ya sean permanentes o contratados y en caso de su inobservancia estar a las previsiones establecidas en la Ley N° 836/1980 Código Sanitario y la Ley N° 1.626/2000 De la Función Pública.

Que, la Secretaría de la Función Pública como organismo rector en materia de gestión de personas en el Sector Público tiene la responsabilidad de vigilar y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de la Función Pública y sus reglamentos, por lo que debe arbitrar las medidas necesarias para el cumplimiento de sus fines.

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales,

La Ministra Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de la Función Pública
Resuelve:

Artículo. 1° Modificar parcialmente la Resolución N° 146/2020, en el Numeral 4 y 6 del Anexo de la Resolución, sustituyendo la denominación de “Servicios de Manera Externa” por la de “Teletrabajo”.

Artículo 2° Ampliar la Resolución N° 146/2020 “Por la cual se aprueba el protocolo de aplicación de medidas preventivas ante el riesgo de expansión del Coronavirus (Covid-19) en los Organismos y Entidades del Estado” y aprobar el protocolo de aplicación de la modalidad del Teletrabajo en el Sector Público, cuya reglamentación forma parte de la presente resolución como Anexo I.

Artículo 3° La Máxima Autoridad de cada Organismo y Entidad del Estado conforme a la naturaleza de los servicios que presta la institución, tiene la potestad de implementar la modalidad del Teletrabajo, y determinará por acto administrativo, la nómina de funcionarios que prestarán servicio bajo la modalidad del “Teletrabajo”, debiendo en este caso dar cumplimiento irrestricto a las medidas establecidas en el presente protocolo.

Artículo 4° Establecer la vigencia del Protocolo de aplicación de la modalidad del Teletrabajo en el Sector Público, a partir de la fecha de la presente resolución, mientras se mantengan las medidas establecidas en el marco de la Emergencia Sanitaria y por disposición del Poder Ejecutivo.

Artículo 5° Disponer que los Organismos y Entidades del Estado que implementen la modalidad del “Teletrabajo”, remitan  la Secretaría de la Función Pública copia de la Resolución por el cual se aplican las medidas establecidas, al correo electrónico habilitado: sfp.secretariageneral@gmail.com, conforme al procedimiento establecido en la Resolución N° 147/2020, para el registro pertinente.

Artículo. 6° Disponer la aplicación del presente Protocolo en la Secretaría de la Función Pública.

Artículo. 7º La presente Resolución será refrendada por la Secretaria General

Artículo. 8° Comunicar a quienes corresponda y archivar.

Nidia Cristina Bogado. Ministra Secretaria

ANEXO:
PROTOCOLO DE APLICACIÓN DEL TELETRABAJO EN EL SECTOR
PÚBLICO.

1.- OBJETIVO

El presente protocolo tiene como fin reglamentar el Teletrabajo en el Sector Público de forma excepcional y temporal, que será aplicado por los Organismos y Entidades del Estado, regulados por la Ley N° 1626/2000 “De la Función Pública ”, como un sistema de prestación del servicio público no presencial por parte de los funcionarios públicos, toda vez que la naturaleza de la relación laboral y

sus funciones así lo permitan, basado en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, conforme a la organización y ejecución de las labores en función a los servicios que brindan cada una de las instituciones, debiendo garantizar siempre la prestación efectiva de tales servicios.

Por “TELETRABAJO”, se entenderá: “Trabajo en relación de dependencia, que consiste en el desempeño de actividades o trabajos realizados a distancia en forma total o parcial, mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en virtud a una relación de trabajo que permita su ejecución a distancia, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio especifico de trabajo”. Ley N° 6524/2020.

“El teletrabajo es el trabajo a distancia (incluido el trabajo a domicilio) efectuado con auxilio de medios de telecomunicación y/o de una computadora”. Tesauro OIT, 6.a edición, Ginebra, 2008.

2.- ALCANCE

El presente Protocolo deberá ser de estricto cumplimiento por parte de los Organismos y Entidades del Estado y funcionarios públicos ya sean estos: permanentes o contratados y que se encuentran regulados por la Ley N° 1626/2000 “De la Función Pública”.

Las disposiciones establecidas en el presente Protocolo son independientes a cualquier otra normativa debidamente establecida en los Reglamentos Internos de cada institución y sin perjuicio de que puedan ser adoptadas otras medidas para optimizar la seguridad y salud de los trabajadores, debiendo precautelarse la primacía del interés general sobre el particular y minimizar el desplazamiento de las personas en el interior de los OEE.

3.- DISPOSICIONES PRINCIPALES

Dada la temporalidad de la Ley N° 6524/2020, el presente Protocolo tiene una vigencia excepcional y transitoria, a partir de su firma y publicación, mientras se mantengan las medidas establecidas en el marco de la Emergencia Sanitaria y por disposición del Poder Ejecutivo.

Las máximas autoridades institucionales deberán determinar, siempre y cuando la función laboral lo permita, la aplicación del presente protocolo en los diferentes niveles jerárquicos, debiendo velar y garantizar que los servicios imprescindibles no se vean interrumpidos. Las medidas adoptadas deberán ser aplicadas mediante acto administrativo. 

4.- ACCIONES O MEDIDAS QUE DEBERÁN SER ADOPTADAS POR LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO

Los Organismos y Entidades del Estado por medio de las Unidades de Gestión de las Personas o su equivalente, deberán realizar un relevamiento de datos acerca de las funciones de carácter imprescindibles, como así también de las prescindibles, conforme a los fines institucionales, con el objeto de indicar aquellos servicios que son susceptibles de prestarse por medio del Teletrabajo y determinar la nómina de los funcionarios públicos afectados para dicha función.

Para el cumplimiento efectivo del TELETRABAJO, la Máxima Autoridad Institucional, dispondrá por Acto Administrativo las siguientes acciones:

a. Cada Superior Jerárquico deberá identificar, gestionar y designar a los servidores públicos de su área las tareas que son susceptibles de realizar por medio del Teletrabajo, como también, deberá supervisar y disponer el tiempo para su cumplimiento y la remisión de los informes para el control pertinente.

b. Reasignar funciones a los servidores públicos que prestan servicios en la institución, previo informe de la Unidad de Gestión de Personas o su equivalente o del Superior Jerárquico.

c. Las Unidades de Gestión de Personas o su equivalente, podrá realizar un estudio sobre la pertinencia de efectuar capacitaciones, cursos o actualización de las herramientas a ser utilizadas por los servidores públicos, para llevar adelante de forma efectiva las funciones que le fueron asignadas, toda vez que la institución cuente con la disponibilidad presupuestaria y con la autorización correspondiente.

d. Se podrá disponer que, los servidores públicos previamente identificados que se encuentren en situación de vulnerabilidad o que tengan comprometido su sistema inmunológico, tales como: enfermedades preexistentes; mayores de sesenta (60) años; en estado de gravidez o en periodo de lactancia; que cuenten con algún familiar que necesite cuidados especiales; con alguna discapacidad, presten servicios por medio del Teletrabajo. Igual tratamiento deberá dispensarse a aquellos funcionarios públicos que cuenten con menores bajo su cuidado exclusivo como consecuencia de la suspensión de toda actividad educativa.

En caso de que las funciones que desempeñan sean incompatibles con el Teletrabajo, los mismos deberán ser reasignados a cumplir otras funciones que puedan efectuar satisfactoriamente a través de dicha modalidad.

e. Las instituciones por medio de las Unidades de Gestión de las Personas o del Superior Jerárquico inmediato habilitarán un Registro de Actividades en la que los funcionarios públicos deberán informar en el plazo que se establezca los avances de las tareas que le fueron asignadas.

f. Los Organismos y Entidades del Estado, por medio de las áreas afectadas al Teletrabajo y de acuerdo a la naturaleza de las tareas o funciones que deben desarrollar, deberán gestionar reuniones virtuales para planificar las tareas encomendadas, por plataformas informáticas disponibles, pudiendo ser: WhatsApp, Zoom, u otros que disponibilice la institución.

5.- FUNCIONES O MEDIDAS QUE DEBERÁN SER ADOPTADAS POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS - PERMANENTES O CONTRATADOS.

a. Solo podrán acogerse al Teletrabajo los funcionarios que cuenten con las herramientas mínimas establecidas en el numeral 6, literal f). En caso de que no cuenten con las mismas, los Organismos y Entidades del Estado establecerán la modalidad en la que éstos deban prestar servicios.

b. Los funcionarios públicos designados para cumplir tareas o funciones por medio de la modalidad de Teletrabajo deberán cumplirlas en el lugar de su domicilio o en el domicilio indicado para tales efectos. En caso de su incumplimiento, son responsables directos por las acciones u omisiones realizadas en contravención al presente Protocolo o a las obligaciones establecidas en la legislación vigente, siendo pasibles de las sanciones que correspondan.

c. Los funcionarios públicos deberán informar sobre los avances laborales desarrollados, en tiempo y forma establecida o a requerimiento del Superior Jerárquico, Unidades de Gestión de Personas o su equivalente. Asimismo, deberá acudir a la institución conforme a la necesidad o urgencia del caso, previa notificación.

d. El funcionario público que por cuestiones de salud o de otras circunstancias debidamente comprobables, se encuentre imposibilitado de realizar las funciones asignadas, deberá comunicar al superior jerárquico dicha situación, debiendo indicar el motivo y tiempo de duración y remitir las documentaciones respaldatorias (certificado médicos) por cualquier medio disponible.

e. Los funcionarios públicos son responsables por el correcto uso, cuidado y mantenimiento de las herramientas informáticas proveídas por la Institución y estarán sujetos a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que resulten del uso y manejo indebido de los mismos. Asimismo, deberán evitar que los bienes sean utilizados por terceras personas ajenas al OEE, salvo expresa autorización debidamente dispuesta por escrito.

f. El funcionario público bajo fe de juramento deberá indicar el domicilio o lugar donde va a prestar el servicio de Teletrabajo a su superior inmediato y asegurar que cuenta con acceso a internet y las herramientas adecuadas para cumplir con sus funciones. En caso de no contar con herramientas tecnológicas adecuadas, el funcionario deberá comunicar al OEE quien articulará los medios para hacer efectivo dicho pedido.

6.- DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC

Conforme a las disponibilidades que cada Organismo y Entidad del Estado (OEE) tengan o precisen en cuanto al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, deberá realizar las siguientes acciones:

a. Las Instituciones deberán establecer una plataforma o sistema informático que permita la conexión electrónica de los funcionarios públicos y la entidad en la que se encuentre prestando servicios. Asimismo, deberá gestionar herramientas de comunicación entre todo el personal. En caso de no contar con dicha plataforma o sistema podrá solicitar un informe al Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación - MITIC, respecto a si dicho Ministerio cuenta con los recursos tecnológicos necesarios o de la asistencia técnica pertinente.

b. Los Organismos y Entidades del Estado podrán proveer a los funcionarios públicos determinados por cada institución, las herramientas informáticas necesarias definidas por las mismas para el cumplimiento efectivo de las funciones que le son asignadas de manera remota. Asimismo, deberá ser asignado un correo institucional, el cual será utilizado para toda la comunicación y gestión documental oficial.

c. Los OEE deberán generar a los funcionarios públicos un correo electrónico institucional para su uso, o en su defecto, las áreas de TIC deberán gestionar la creación de una cuenta pública (Hotmail, Gmail, Yahoo) que le será asignado al funcionario para su uso institucional. Para tales efectos se deberá labrar acta y el servidor deberá asumir la responsabilidad que conlleva su uso y firma electrónica, conforme a las disposiciones de la Ley N° 4017/2010 “DE VALIDEZ JURÍDICA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA, LA FIRMA DIGITAL, LOS MENSAJES DE DATOS Y EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO" y su modificatoria Ley N° 4610/2012.

d. Las herramientas o insumos informáticos y de cualquier otro elemento de trabajo, deberán ser entregadas previa firma de Acta de Entrega Institucional, por la Dirección de Patrimonio, indicándose igualmente las responsabilidades sobre el bien entregado.

e. Las necesidades técnicas del servidor público serán consideradas en atención a las necesidades del trabajo y función encomendada, siendo algunos requisitos mínimos, los siguientes:

- Un ordenador PC o Notebook con las prestaciones adecuadas para realizar las tareas encomendadas.

- Una línea de internet de velocidad adecuada y suficiente.

- Una cuenta de correo electrónico.

- Tanto el ordenador y las aplicaciones ofimáticas deberán ser compatibles con las herramientas informáticas utilizadas por el OEE.

f. El funcionario público deberá notificar al superior inmediato o en su caso a la Unidad de Gestión de Personas o su equivalente y a la Dirección TIC de forma inmediata sobre cualquier daño, perdida, robo o percance que tuviere con los equipos o herramientas informáticos proveídos por la Institución.

g. El servidor público que cuenta con un ordenador o notebook de su propiedad, y que pone a disposición para realizar las tareas que le fueron asignadas, será previamente verificado por las áreas de TIC, la que deberá emitir un informe sobre el estado técnico del bien y si el mismo se encuentra en condiciones para realizar las tareas asignadas al funcionario. Además el funcionario público indicará bajo acta que la Institución no se hace responsable por el deterioro o mantenimiento del mismo, en caso de presentar algunas fallas o errores durante la prestación de las laborales o tareas asignadas al mismo. Asimismo, deberá manifestar y aceptar las responsabilidades que conlleva las informaciones institucionales a las cuales tiene acceso.

h. Las áreas de seguridad de la información de los Organismos y Entidades del Estado, son responsables de adecuar las políticas de seguridad para el teletrabajo y adoptar las medidas técnicas y procedimentales para minimizar los riesgos asociados al teletrabajo, teniendo en cuenta las guías emitidas por el MITIC CERT-PY definidas.

i. Los Organismos y Estados del Estado por medio de las áreas de TICs realizaran un instructivo a fin de informar a los funcionarios público las herramientas de Teletrabajo y su correcto uso.

j. Antes de realizar una contratación o compra de servicios o herramientas informáticas para la implementación del Teletrabajo, previo informe técnico de la Unidad o Dirección TIC institucional, se deberá solicitar al MITIC un informe previo sobre la conveniencia de proceder con la adquisición o contratación, en base a los formularios elaborados por el MITIC a dicho efecto.

k. Los Organismos y Entidades del Estado y los servidores públicos, deberán observar las previsiones dispuestas en la Ley N° 4017/2010 “DE VALIDEZ JURÍDICA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA, LA FIRMA DIGITAL, LOS MENSAJES DE DATOS Y EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO" y su modificatoria Ley N° 4610/2012.

7.- CONSIDERACIONES ESPECIALES

a. La variación de la modalidad de trabajo o de funciones durante la vigencia del presente protocolo no afectará la naturaleza del vínculo laboral, la categoría, la remuneración y demás condiciones laborales, debiendo la Unidad de Gestión de Personas o su equivalente verificar el efectivo cumplimiento del mismo.

b. Conforme a las funciones o tareas que deban realizar cada uno de los funcionarios públicos, éstos deberán tener siempre presente el secreto profesional y la confidencialidad de todas las informaciones o documentaciones a las cuales tuviere acceso, caso contrario son pasibles de las acciones administrativas, civiles o penales que correspondan.

c. El presente protocolo es de estricto cumplimiento y en caso de su inobservancia, los funcionarios públicos que incurren en dicha situación, son pasibles de las sanciones previstas en la Ley N° 1.626/2000 “De la Función Pública". Asimismo, deberán de tenerse presente las disposiciones dispuestas a las Prohibiciones y Obligaciones.

d. Todos los funcionarios públicos deberán dar estricto cumplimiento a las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional por medio de las diferentes normativas dictadas al efecto, en caso de su inobservancia están sujetos a las sanciones establecidas en la Ley N° 836/1980 Código Sanitario y la Ley N° 1.626/2000 De la Función Pública.

e. Las instituciones podrán realizar verificaciones en el lugar indicado por el funcionario público para la prestación efectiva de las tareas que le fueron asignadas para su realización por medio del Teletrabajo

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